Categoría: Arts and Humanities
ORIGINAL
Analysis of public policies aimed at protecting the rights of migrant children and adolescents
Análisis de políticas públicas destinadas a proteger los derechos de los niños y adolescentes migrantes
Andy Brayan Pozo Fuentes1 
*, Carmen Marina Méndez
Cabrita1 *
1Universidad Regional Autónoma de los Andes Ext. Tulcán.
Citar como: Pozo Fuentes AB, Méndez Cabrita CM. Analysis of public policies aimed at protecting the rights of migrant children and adolescents. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias. 2023; 2:1065. https://doi.org/10.56294/sctconf20231065
Enviado: 05-02-2023 Revisado: 09-07-2023 Aceptado: 25-11-2023 Publicado: 26-11-2023
Editor: Dr.
William Castillo-González
ABSTRACT
The Ecuadorian government has enacted laws and policies that seek to protect children and adolescents, ensuring their rights and well-being. Unfortunately, violations of the rights established in the legislation for unaccompanied migrant children and adolescents have been documented in Ecuador. The objective of this research is to analyze the implementation of public policies in the province of Carchi, aimed at guaranteeing the adequate comprehensive development of these minors. The research modality used is qualitative and quantitative. It is concluded that the ownership of legal and constitutional principles has been violated, due to gaps between the theory and the implementation of these public policies aimed at guaranteeing their rights since they enter Ecuadorian territory. Although current legislation provides a solid framework for the protection of the rights of this vulnerable group, its effective application requires adjustments and even the creation of new regulations. It is essential to consider the practical aspects of the implementation of new regulations, including the provision of resources, the training of professionals involved and raising awareness of society in general.
Keywords: Violation of Rights; Legislation; Fundamental Rights of Children and Adolescents; Transit Through Forced Migration.
RESUMEN
El gobierno ecuatoriano ha promulgado leyes y políticas que buscan proteger a los niños y adolescentes, asegurando sus derechos y bienestar. Lamentablemente, en Ecuador se han documentado violaciones de los derechos establecidos en la legislación para niños y adolescentes migrantes no acompañados. El objetivo de esta investigación es analizar la implementación de políticas públicas en provincia de Carchi, direccionadas a garantizar un adecuado desarrollo integral de estos menores. La modalidad de investigación utilizada es cualitativa y cuantitativa. Se concluye que la titularidad de los principios legales y constitucionales ha sido vulnerada, en razón a brechas entre la teoría y la implementación de estas políticas públicas encaminadas a garantizar sus derechos desde que ingresan a territorio ecuatoriano. La legislación actual aunque proporciona un marco sólido para la protección de los derechos de este grupo vulnerable, su aplicación efectiva requiere ajustes e incluso la creación de nuevas regulaciones. Es esencial considerar los aspectos prácticos de la implementación de nuevas regulaciones, incluyendo la dotación de recursos, la capacitación de profesionales involucrados y la sensibilización de la sociedad en general.
Palabras clave: Vulneración de Derechos; Legislación; Derechos Fundamentales de los Niños y Adolescentes; Tránsito por Migración Forzosa.
INTRODUCCIÓN
La migración es una actividad que se desarrolla a nivel mundial siendo las principales causas los cambios políticos, económicos, culturales y los desastres naturales, lo que genera la movilidad humana que es un derecho de las personas (Cañarte et al., 2022). En este contexto, los derechos de los niños y adolescentes migrantes no acompañados se han convertido en un tema de preocupación creciente a nivel mundial. A nivel internacional, la migración de niños, niñas y adolescentes migrantes se aborda a través de diversos instrumentos y marcos legales, así como a través de la cooperación entre países y organizaciones internacionales.
La Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada por las Naciones Unidas en 1989, y establece los derechos fundamentales de todos los niños, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio. Los Estados partes en la Convención están obligados a garantizar la protección y el bienestar de todos los niños dentro de su jurisdicción, incluidos los migrantes. Por otra parte, Organizaciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Internacional para las Migraciones desempeñan un papel crucial en la protección de los derechos de los niños migrantes a nivel internacional. Estas agencias brindan asistencia humanitaria, trabajan en la prevención del tráfico de personas y abogan por políticas y programas que protejan a los niños migrantes.
En Ecuador, como en muchos otros países, existen disposiciones legales y marcos normativos destinados a proteger y garantizar los derechos fundamentales de los niños y adolescentes. Sin embargo, la realidad muestra que estos derechos no siempre se respetan, y las violaciones a la legislación vigente continúan siendo un desafío importante.
En términos generales, el gobierno ecuatoriano ha promulgado leyes y políticas que buscan proteger a los niños y adolescentes, asegurando sus derechos y bienestar. Leyes como la Constitución, el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley de Movilidad Humana contienen disposiciones que abordan específicamente la protección de los derechos de los niños migrantes no acompañados. Además, el país es suscritor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Los convenios internacionales, son instrumentos jurídicos que tienen el carácter de una Ley nacional, ya que su trámite de suscripción y aprobación está determinado por la Constitución, siendo las Autoridades del ejecutivo quienes suscriben y su aprobación la realiza en Congreso Nacional (Mosquera, 1998).
Según el Artículo 44 de la Constitución de la Republica del Ecuador, el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).
Por otro lado, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo 11, establece que el Interés Superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento (Asamblea Nacional de Ecuador, 2003).
En el artículo 12 del mismo cuerpo normativo, se hace mención al principio de Prioridad Absoluta en la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de recursos, estipulando que debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran. Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis años (Asamblea Nacional de Ecuador, 2003).
Cabe resaltar que el sistema jurídico ecuatoriano protege a toda persona nacional o extranjera al ejercicio en igualdad de condiciones de sus derechos y obligaciones, por lo tanto, el enfoque de derechos humanos regula el tratamiento de ciudadanos de distinta nacionalidad, ello configura su dimensión universal. Pero en la práctica, a pesar de los serios esfuerzos que el Ecuador mantiene, desde el 2016 se han presentado varios precedentes de vulneración de derechos resueltos en la Corte Constitucional ecuatoriana que dan cuenta de la necesidad de una perspectiva interseccional frente a la discriminación múltiple de inmigrantes por la presencia de flujos migratorios mixtos (Subía, 2023).
Lamentablemente, en Ecuador se han documentado violaciones de los derechos establecidos en la legislación para niños y adolescentes migrantes no acompañados. Estas violaciones se han manifestado de diversas formas y afectan aspectos fundamentales de los derechos de los niños, como el acceso a la educación, la atención médica, la protección contra la explotación y la reunificación familiar.
A largo del tiempo se ha invisibilizado este problema convirtiendo a este grupo de personas en un blanco perfecto para el cometimiento de hechos ilícitos como la explotación sexual, trata de personas, tráfico de órganos y mendicidad, que convierte la vida de miles de niñas, niños y adolescentes en situación de tránsito por migración forzosa en la provincia del Carchi, en una mercancía para grupos de traficantes y explotadores, los cuales mediante engaños u ofertas para salir de la pobreza o juntarlos con su familia les hacen a este grupo de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, con el único afán de aprovecharse de su situación.
En el escenario de la inmigración internacional en Ecuador pocos datos se tienen sobre la caracterización de cada uno de los grupos de inmigrantes; además de ser inmigraciones recientes, la mayor parte de investigaciones se han concentrado en las inmigraciones provenientes de los países fronterizos, sobre todo en la compleja inmigración forzada de muchos colombianos que llegan al país en busca de refugio. Al respecto, es importante resaltar que Ecuador es el país que tiene mayor número de refugiados en América Latina, el 98 % de ellos provenientes de Colombia. Sin embargo, establecer con precisión las cifras de las personas refugiadas y de solicitantes de refugio en el país es difícil, ya que hay un subregistro importante por la condición de irregularidad de muchos de ellos (Sánchez & Oviedo, 2013).
La mayor parte de los niños, niñas y adolescentes que llegan a Ecuador proviene de Colombia, así como también se registran otras nacionalidades como cubanos, chinos, haitianos, afganos y pakistaníes. En la actualidad también arriban venezolanos. El 17 %de la población emigrante tiene menos de 18 años, y viajan en busca de protección y mejores oportunidades de vida (Vargas, 2024).
La provincia del Carchi, al ser una provincia fronteriza se convierte en territorio de tránsito o destino para migrantes forzosa. En las calles de la ciudad de Tulcán es frecuente encontrar niñas, niños y adolescentes en condiciones de mendicidad, solos o acompañados de otros adultos, que duermen en las calles expuestos a graves situaciones de peligro. Todos los migrantes se enfrentan a los riesgos crecientes de pobreza y exclusión social, pero estos riesgos están exacerbados para quienes no tienen un permiso de residencia regular. Entre estos migrantes, los niños, tanto aquellos que migraron solos como los que están acompañados por sus padres o tutores, ocupan una posición particularmente vulnerable en cuanto a su capacidad de tener acceso a derechos y protección (Ortega, 2015).
Por la necesidad de vivir en clandestinidad, se restringe para ellos el acceso a los derechos más básicos para el desarrollo integral de un ser humano, situación que se agrava si se considera los menores de edad requieren la mayor atención para un desarrollo integral que les permita vivir una vida digna. De acuerdo a UNICEF (2020) los niños y niñas migrantes son vulnerables a situaciones que pueden violentar sus derechos como:
· Ser detenidos
· Estar expuestos al crimen organizado o al tráfico de personas
· Sufrir violencia y discriminación
· Pasar hambre y frío
· No tener acceso a servicios de salud.
En contexto se identifica como problema la necesidad de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de sus representantes legales. El objetivo de esta investigación es analizar la implementación de políticas públicas en provincia de Carchi, direccionadas a garantizar un adecuado desarrollo integral de estos menores, en armonía con la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de los cuales el Ecuador es suscriptor.
MÉTODO
La modalidad de investigación utilizada es cualitativa y cuantitativa. El enfoque cualitativo ha sido utilizado para determinar las características del problema y temática objeto de estudio el cuantitativo para analizar la información recolectada.
Como métodos de investigación científica se empleó el análisis documental. Este método empírico permitió la recopilación de información de códigos y leyes relacionados con problema a investigarse. Mediante el método hermenéutico se facilitó la interpretación del derecho, en conjunción con el método exegético ya la aplicación de ambos se encamina a descubrir, hallar contradicciones, deficiencias, omisiones entre las normas o el sistema jurídico y se caracterizan por el análisis a partir de la vía inductiva. Este método se relaciona con la investigación, por lo que se plantea al indagar en los hechos que vulneran los derechos de los menores migrantes, su actualidad y las normas legales que los amparan en estos casos, para que con base en estas mismas premisas se construya una conclusión deductiva basándose en el proceso investigativo.
Como instrumento de recolección de datos se utilizó la encuesta, que es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos de investigación en los que se recopila y analiza una serie de datos de una muestra representativa de una población. Esta investigación se llevó a cabo en la ciudad de Tulcán provincia de Carchi. Para la obtención de la muestra se empleó un muestreo por conveniencia, conformándose con 40 profesionales del derecho, trabajadores sociales y psicólogos, todos con experiencia en el ejercicio de su profesión.
Para el procesamiento y análisis estadístico de la información recolectada se tabularon y procesaron los resultados, exponiéndose en forma de gráficos, a fin de facilitar su análisis e interpretación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para el Ecuador, la movilidad humana es conceptualizada a la luz del derecho internacional, de los derechos humanos y a partir de la nueva agenda internacional, que impone una serie de estándares orientados a la garantía y protección de las personas en movilidad. Es necesario recordar que la movilidad humana es un derecho transversal a los principios que rigen los derechos humanos, tal como lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en sus artículos 1, 9 y 13 garantiza la igualdad de derechos, la prohibición a la detención arbitraria y el derecho a la libre circulación y a escoger su lugar de residencia (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, 2018).
Las políticas gubernamentales desempeñan un papel fundamental en la protección de los niños migrantes no acompañados. Estos niños son especialmente vulnerables, ya que se encuentran en un entorno desconocido y muchas veces enfrentan situaciones de riesgo, como la explotación, el abuso o el tráfico de personas. En Ecuador, existe un amplio discurso de protección de los derechos humanos de todas las personas, y en especial de aquellos grupos considerados como vulnerables, entre los que se encuentran los niños, niñas y adolescentes (Cuadros & Vera, 2023).
Para N. Sánchez (2013) es importante destacar que estos mecanismos deben basarse en principios de derechos humanos, priorizando el interés superior del niño y el respeto a su dignidad. También deben ser flexibles y adaptarse a las necesidades cambiantes de los niños migrantes no acompañados, proporcionando un marco legal claro, garantizando la cooperación interinstitucional y promoviendo la dignidad y el bienestar de estos niños vulnerables. El racismo, la xenofobia y la exclusión social son temas centrales de estudio si se tiene en cuenta que Ecuador ha acogido el discurso de la interculturalidad como uno de los principios rectores del actual proyecto de construcción del estado nacional en diferentes contextos.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social garantiza la implementación de espacios adecuados para la estancia de niños, niñas y adolescentes. En caso de flujos migratorios masivos el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán y fortalecerán la asignación de espacios físicos para la atención prioritaria a las personas en situación de movilidad humana, incluyendo la solicitud de participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales y municipales, los Organismos de Cooperación Internacional y las Organizaciones de la sociedad civil, Organizaciones No Gubernamentales.
Para determinar si existen brechas y falencias en la aplicación de los mecanismos antes mencionados, se procedió a consultar al grupo de expertos que conformaron la muestra. Para ello se confeccionó una encuesta estructurada con 5 preguntas. Los resultados de sus respuestas y argumentaciones se exponen a continuación.
1. Considera UD que el estado ecuatoriano prevé en sus normativas garantizar el acceso a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La totalidad, 100 %, de los expertos coincide en que en términos generales, el gobierno ecuatoriano ha promulgado leyes y políticas que buscan proteger a los niños y adolescentes migrantes, asegurando sus derechos y bienestar. Leyes como el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley de Movilidad Humana contienen disposiciones que abordan específicamente la protección de los derechos de los niños migrantes no acompañados.
Por otra parte, la Convención de los Derechos del Niño y la Declaración Universal De Derechos Humanos, de los cuales Ecuador es signatario, en su contenido exponen la importancia de proteger y salvaguardar a los migrantes y sobretodo hacen énfasis en garantizar y proteger los derechos de los niños en cada uno de los aspectos relacionados a salud, educación, movilidad e integración.
De este modo, Ecuador asume el compromiso de proteger a los niños, niñas y adolescentes en casos de movilidad humana, situándolos como prioridad en su política migratoria, por lo que prevalece el interés superior del niño. Para cumplir este principio se han aprobado procedimientos sensibles a la edad de los niños, niñas y adolescentes acorde a su género y diversidad, así como también garanticen su seguridad y privacidad. La protección especial a los derechos en el marco de este principio impone la toma de decisiones que correspondan con respeto a su dignidad, la facilitación de todas las tramitaciones para el ingreso al país, sin discriminación alguna y otorgando todas las garantías para que permanezca con su familia o se reintegre a ella según los casos.
2. Conoce Ud. si se vulneran frecuentemente los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.
En la figura 1 se puede apreciar que 13 % de los encuestados no tiene referencias o conocimiento de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. En tanto el 87 % manifiesta conocer casos donde las violaciones han incluido la falta de identificación o registro adecuado de los niños migrantes no acompañados, lo que dificulta el seguimiento de su situación y la prestación de los servicios y protección que necesitan. Además, se han reportado casos de negación de acceso a servicios de salud y educación, así como situaciones de explotación laboral y abuso. Asimismo, la ausencia de mecanismos efectivos para garantizar la reunificación familiar y la protección adecuada de los derechos de estos niños ha sido una preocupación importante.
Figura 1. Resultados de la pregunta 2 de la encuesta
También otros tipos o subtipos de violencia merecen atención, como el caso del denominado acoso callejero. En un estudio denominado Situación de la protección de la niñez y adolescencia contra la violencia en el Ecuador, publicado en 2022 por Visión Mundial, se recoge que este problema fue analizado por niñas y adolescentes en situación de movilidad humana y por niñas y adolescentes locales de Portoviejo. Ellas expresaron que no se sienten seguras en el espacio público ya que se encuentran expuestas al acoso, lo que les produce inseguridad, incomodidad, desconfianza y temor de que este acoso pueda llegar a convertirse en abuso sexual y físico o en violación sexual (ONU Mujeres, 2023).
A pesar de las garantías para la inserción, muchos niños, niñas y adolescentes inmigrantes tienen dificultades para ingresar a las escuelas. Pero además, una vez que ingresan a la escuela, muchos de ellos enfrentan múltiples dificultades relacionadas, por una parte, con acoso escolar, discriminación, racismo y xenofobia, y, por otra, con la ubicación en grados menores a los que les correspondería por edad o por su trayectoria educativa. El maltrato, la violencia, el abuso de autoridad por parte de profesores, directivas y compañeros, la discriminación por su procedencia y la falta de conocimiento e interés de las autoridades escolares por solucionar efectivamente los conflictos son, entre otros, problemas que viven casi a diario algunos de los ni ños inmigrantes en las escuelas de Ecuador (C. Sánchez, 2013).
La separación prolongada de sus familias y la falta de opciones legales seguras para su integración familiar han dejado a muchos niños migrantes no acompañados en situaciones de vulnerabilidad continua. Es importante señalar que estas violaciones no solo se relacionan con la legislación vigente, sino también con la implementación y ejecución efectiva de las políticas y medidas de protección. La complejidad de la migración y la necesidad de coordinación entre distintas entidades, tanto a nivel nacional como internacional, pueden dificultar la aplicación consistente de las normativas de protección.
3. Considera que en Ecuador se enfrenta desde el punto de vista legislativo adecuadamente la migración de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.
Para la mayoría de los expertos Ecuador ha implementado varias políticas y medidas para hacer frente a la migración de niños y adolescentes no acompañados o separados de sus padres, de este modo el gobierno reconoce la importancia de proteger a estos niños vulnerables y ha tomado acciones legales para garantizar su bienestar y seguridad. Una de las medidas clave es el establecimiento de servicios especializados para atender las necesidades de los niños migrantes no acompañados. Estos servicios incluyen centros de acogida, atención médica, asistencia legal y apoyo psicológico. En la figura 2 se puede apreciar los sentimientos de los encuestados.
Figura 2. Resultados de la pregunta 3 de la encuesta
Otra acción importante es la implementación de políticas para la identificación y registro adecuado de los niños migrantes no acompañados, lo que permite un seguimiento eficaz de su situación y la prestación de los servicios necesarios. El gobierno ecuatoriano también ha establecido mecanismos para la reunificación familiar y la protección de los derechos de los niños migrantes, en línea con los principios de los derechos humanos y el interés superior del niño.
Además, se ha trabajado en colaboración con organizaciones internacionales y la sociedad civil para reforzar su capacidad para atender a estos niños, garantizando así una respuesta integral y coordinada. Con ellos se busca fortalecer la cooperación regional e internacional para abordar los desafíos de la migración de niños y adolescentes no acompañados. Esto implica trabajar en conjunto con otros países, organizaciones internacionales y agencias especializadas para compartir información, buenas prácticas y recursos, a fin de mejorar la protección de estos niños en toda la región.
4. Cree que existe desconocimiento acerca de la legislación prevista para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.
Como se observa en la figura 3, de modo general, es aceptado por la mayoría de los encuestados que existe desconocimiento acerca de la legislación prevista para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. El nivel de conocimiento varía entre los diferentes actores involucrados, incluyendo funcionarios gubernamentales, líderes comunitarios, organizaciones no gubernamentales y profesionales del derecho y la protección infantil.
Por otra parte, el nivel de conocimiento sobre la legislación vigente es limitado entre ciertos grupos de la sociedad, especialmente en grupos de migrantes, lo que dificulta el acceso a los servicios y la protección que tienen derecho a recibir.
Figura 3. Resultados de la pregunta 4 de la encuesta
Es por esto que es fundamental que se realicen esfuerzos de sensibilización y capacitación para aumentar el conocimiento sobre la legislación vigente en materia de protección de niños y adolescentes migrantes no acompañados. Esto incluye la formación de funcionarios públicos, profesionales del derecho, trabajadores sociales y otros actores relevantes, así como la difusión de información sobre los derechos de estos niños en las comunidades y entre las propias familias migrantes. Además, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil desempeñan un papel crucial en la difusión de información y la promoción de los derechos de los niños migrantes no acompañados, contribuyendo a mejorar el nivel de conocimiento y la aplicación efectiva de la legislación pertinente.
5. Considera que existen brechas significativas en la implementación de los mecanismos gubernamentales para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.
Como puede apreciarse en la figura 4, mayoritariamente los encuestados considera que existen brechas en la implementación de los mecanismos gubernamentales para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. En correspondencia con lo planteado por (Cantos (2023)), si bien el Ecuador cuenta con un Protocolo muy innovador en cuanto a la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, aún los vacíos son palpables. En ello influye la falta de recursos, capacitación y coordinación entre las entidades encargadas de aplicar la ley, lo que resulta en una protección inadecuada para este tipo de migrantes como se ha podido apreciar en ítems anteriores de esta encuesta.
Figure 4. Resultados de la pregunta 5 de la encuesta
La coordinación entre diferentes entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil es insuficiente, lo que limita la capacidad de brindar una protección integral a los niños y adolescentes migrantes. La falta de colaboración efectiva entre actores clave dificulta la implementación de políticas coherentes y la provisión de servicios adecuados.
No están diseñados sistemas efectivos para monitorear y evaluar el impacto de las políticas y programas destinados a proteger los derechos de los niños y adolescentes migrantes. Esto dificulta la identificación de áreas de mejora y la rendición de cuentas por parte de las autoridades responsables. Sin embargo atendiendo a testimonios a nivel local por parte de la población de interés, existe la percepción social de inseguridad en las comunidades de acogida. Por otro lado, se evidencian familias de migrantes pernoctando en espacios públicos debido a la incertidumbre con respecto a sus planes de viaje, las escasas oportunidades laborales, la limitación de la asistencia humanitaria.
Estos desafíos subrayan la necesidad de revisar y fortalecer la legislación vigente para garantizar una protección efectiva de los derechos de los niños y adolescentes migrantes no acompañados. El abordaje de estas brechas requiere la implementación de mecanismos de vigilancia, la asignación de recursos adecuados, la capacitación de profesionales y la coordinación entre múltiples actores, tanto a nivel nacional como internacional, ya que a este nivel, se llevan a cabo iniciativas de sensibilización y capacitación dirigidas a profesionales que trabajan con niños migrantes, incluidos funcionarios de inmigración, trabajadores sociales, maestros y personal de salud. Estas iniciativas buscan garantizar que los niños migrantes reciban un trato adecuado y que se respeten sus derechos en todos los aspectos de su experiencia migratoria.
Se hace indispensable fortalecer los mecanismos de respuesta estatal frente a las necesidades de la población de acogida y en situación de movilidad humana, a través de la generación de planes de desarrollo locales inclusivos. Tomando en cuenta estos principios y las áreas en las cuales los menores requieren atención, es indispensable que el Estado asigne presupuesto, a fin de que estas políticas públicas puedan implementarse y poder llevar a cabo, desde esta perspectiva resulta necesario que el Ministerio de Economía y Finanzas, de manera anual establezca dentro del presupuesto general del Estado, el monto económico que se requiere para lleva a cabo estas políticas públicas.
CONCLUSIONES
Las políticas gubernamentales desempeñan un papel fundamental en la protección de los niños migrantes no acompañados. Estos niños son especialmente vulnerables, ya que se encuentran en un entorno desconocido y muchas veces enfrentan situaciones de riesgo, como la explotación, el abuso o el tráfico de personas. La migración de niños, niñas y adolescentes migrantes a nivel internacional se maneja a través de un enfoque integral que reconoce y protege sus derechos, garantiza su bienestar y aborda los desafíos específicos que enfrentan durante el proceso migratorio. De acuerdo a la fundamentación jurídica y doctrinal sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados en situación de tránsito en la provincia del Carchi, se ha determinado que la titularidad de los principios legales y constitucionales ha sido vulnerada, en razón a brechas entre la teoría y la implementación de estas políticas públicas encaminadas a garantizar sus derechos desde que ingresan a territorio ecuatoriano. La legislación actual aunque proporciona un marco sólido para la protección de los derechos de este grupo vulnerable, su aplicación efectiva requiere ajustes e incluso la creación de nuevas regulaciones. Es esencial considerar los aspectos prácticos de la implementación de nuevas regulaciones, incluyendo la dotación de recursos, la capacitación de profesionales involucrados y la sensibilización de la sociedad en general.
REFERENCIAS
1. Asamblea Nacional de Ecuador. (2003). Código de la Niñez y Adolescencia. Ecuador Retrieved from http://biblioteca.defensoria.gob.ec/handle/37000/3365
2. Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Contitución de la República del Ecuador Quito, Ecuador Retrieved from https://pdba.georgetown.edu/Parties/Ecuador/Leyes/constitucion.pdf
3. Cantos, P. (2023). La institucionalización como riesgo para los derechos de la niñez migrante no acompañada en el Ecuador. Iuris Dictio 32(Julio-diciembre), 1-15. https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/iurisdictio/article/view/3012
4. Cañarte, F. E., Cantos, A. J., & Espinoza, A. E. (2022). El interés superior del menor en niños, niñas y adolescentes migrantes en el Ecuador. Nullius: Revista de pensamiento crítico en el ámbito de Derecho, 3(2), 97-113. https://commons.datacite.org/doi.org/10.5281/zenodo.6795211
5. Cuadros, C. I., & Vera, L. V. (2023). La regularización migratoria de venezolanos menores de edad en el Ecuador. Una revisión a la normativa gubernamental. Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina, 12(2), 16-23. https://revistas.uh.cu/revflacso/article/view/9275
6. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador. (2018). Plan de Movilidad Humana Quito - Ecuador Retrieved from https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2018/06/plan_nacional_de_movilidad_humana.pdf
7. Mosquera, M. A. (1998). Estudio de legislación ecuatoriana sobre la mujer, el niño y la familia. Portal Regional de la Biblioteca Virtual en Salud Retrieved from https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-330378?lang=es
8. ONU Mujeres. (2023). Mujeres, niñas y adolescentes. Perfil de País Según la Igualdad de Género. https://ecuador.unwomen.org/es/digital-library/publications/2023/03/ninas-y-adolescentes-perfil-de-pais-segun-la-igualdad-de-genero
9. Ortega, E. (2015). Los niños migrantes irregulares y sus derechos humanos en la práctica europea y americana: entre el control y la protección. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 142(enero-abril ), 185-221. https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/4919
10. Sánchez, C. (2013). Exclusiones y resistencias de niños inmigrantes en escuelas de Quito. FLACSO, Sede Ecuador.
11. Sánchez, C., ., & Oviedo, S. (2013). Los niños, niñas y adolescentes inmigrantes en Ecuador: avances y deudas en el cumplimiento de sus derechos [Documentos de trabajo, CLACSO]. https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/posgrados/20131205123235/SanchezOviedo.pdf
12. Sánchez, N. (2013). Narrativas de exclusión: niñas, niños y adolescentes migrantes en Quito. [Tesis para obtener el título de Maestría en Ciencias Sociales con Mención en Sociología. , Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales]. Sede Ecuador. https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/6291
13. Subía, A. C. (2023). Reflexiones a la luz de los derechos humanos: análisis respecto a la movilidad humana y diversidad conforme jurisprudencia constitucional ecuatoriana. REMHU, Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 31(69), 267-288. http://remhu.csem.org.br/index.php/remhu/article/view/1772
14. UNICEF. (2020). Migración de niñas, niños y adolescentes Los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes viajan con ellos y deben ser respetados. https://n9.cl/bk5g5
15. Vargas, J. D. (2024). Niños, niñas y adolescentes: migración y movilidad humana Nuestra voz a colores. https://nuestravozacolores.org/ninos-ninas-y-adolescentes-migracion-y-movilidad-humana/
FINANCIACIÓN
Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación.
CONFLICTO DE INTERESES
Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.
CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA
Conceptualización: Andy Brayan Pozo Fuentes, Carmen Marina Méndez Cabrita.
Curación de datos: Andy Brayan Pozo Fuentes, Carmen Marina Méndez Cabrita.
Análisis formal: Andy Brayan Pozo Fuentes, Carmen Marina Méndez Cabrita.
Adquisición de fondos: Andy Brayan Pozo Fuentes, Carmen Marina Méndez Cabrita.
Investigación: Andy Brayan Pozo Fuentes, Carmen Marina Méndez Cabrita.
Metodología: Andy Brayan Pozo Fuentes, Carmen Marina Méndez Cabrita.
Administración del proyecto: Andy Brayan Pozo Fuentes, Carmen Marina Méndez Cabrita.
Recursos: Andy Brayan Pozo Fuentes, Carmen Marina Méndez Cabrita.
Supervisión: Andy Brayan Pozo Fuentes, Carmen Marina Méndez Cabrita.
Validación: Andy Brayan Pozo Fuentes, Carmen Marina Méndez Cabrita.
Visualización: Andy Brayan Pozo Fuentes, Carmen Marina Méndez Cabrita.
Redacción – borrador original: Andy Brayan Pozo Fuentes, Carmen Marina Méndez Cabrita.
Redacción – revisión y edición: Andy Brayan Pozo Fuentes, Carmen Marina Méndez Cabrita.